En las dos primeras décadas del siglo XXI se profundizó la industrialización de la agricultura en los países del cono sur latinoamericano. Esta tecnificación agrícola implicó un incremento en el uso de agrotóxicos. En Uruguay, entre el 2002 y el 2015, la importación de estas sustancias aumentó un 250%. La exposición a los agrotóxicos adquirió relevancia socio- sanitaria en el contexto de comunidades rurales o agrociudades. Las investigaciones en la región abordaron las percepciones de colectivos expuestos a agrotóxicos, y son limitados los estudios que analizan las perspectivas gubernamentales. En función de esto, esta investigación indagó los discursos sobre las vulnerabilidades a la salud de la exposición a agrotóxicos entre autoridades estatales relacionadas con la ciudad de Guichón, Paysandú- Uruguay. Desde una perspectiva cartográfica y con un enfoque cualitativo, se trabajó con autoridades locales, departamentales y nacionales vinculadas a temas agropecuarios, ambientales y sanitarios que acontecieron en dicha ciudad. Entre el 2018 y el 2020, se realizaron doce entrevistas en profundidad, observaciones en espacios comunitarios, y se analizaron tres documentos de denuncia ministerial. Entre los resultados se destacó, por un lado, que las autoridades estatales identificaban a las fumigaciones con agrotóxicos como una dificultad de gobierno. Sin embargo, se observaron controversias en cuanto a sus riesgos a la salud. Un conjunto de actores destacaba ciertas problemáticas socio- sanitarias y otros las relativizaban. Por otro lado, en el diálogo, observación y análisis documental se identificó una organización segmentada de los establecimientos estatales, lo cual dificultaba las coordinaciones para la intervención en cuanto al tema. Por último, se cuestionaron los alcances de las denuncias y de la asistencia sanitaria de personas expuestas a agrotóxicos, tanto por las debilidades que poseían (subregistro, uso político, etc.) como porque no permitían intervenciones preventivas. La investigación concluye que, si bien las vulnerabilidades a los agrotóxicos constituyen un problema de gobierno, la minimización, despolitización y singularización de los abordajes limitaba la gestión colectiva de las prácticas gubernamentales en salud.